ALDO ROJAS PADILLA /
Hay una aritmética que el venezolano hace cada mañana antes de levantarse de la cama. No es la aritmética de los sueños ni la de los proyectos; es la aritmética de la supervivencia: cuánto tengo, cuánto cuesta, cuánto falta. Es un cálculo silencioso, cotidiano, que se ha vuelto tan incorporado a la rutina nacional que ya casi no duele. Casi.
El Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad acaba de ponerle números a ese dolor. Según su último informe, la cesta básica para una familia de tres personas alcanzó en abril los 1.616,14 dólares — o su equivalente en bolívares: 783.419,66. Un incremento mensual de 13,61 % en dólares y de 18,04 % en bolívares. Y si se mira el horizonte interanual, la imagen es todavía más perturbadora: 176,41 % de aumento en dólares y 1.362,69 % en bolívares. No son erratas tipográficas. Son las cifras de un país que se encarece en dólares mientras se destruye en bolívares, ejecutando simultáneamente dos procesos que en economía raramente coexisten con tanta crueldad.
Una economía de dos velocidades, un solo perdedor
Venezuela ha operado en los últimos años una dolarización de facto que sus autoridades nunca terminaron de reconocer del todo ni de gestionar del todo. El resultado es una economía bifronte: los precios se fijan en dólares o se indexan a ellos; los ingresos de la mayoría permanecen anclados a una moneda que se deprecia de manera sistemática. La consecuencia no es técnica sino humana: una familia necesita hoy más de seis salarios mínimos integrales — a 240 dólares cada uno — para costear una cesta básica. Seis salarios. Una sola familia. Tres personas.
Eso significa que el venezolano promedio que depende de un empleo formal en bolívares no financia su supervivencia con su trabajo. La financia con otras fuentes — remesas del exterior, pluriempleo, economía informal — o sencillamente no la financia: recorta, suprime, sustituye, resigna. La austeridad deja de ser una política económica para convertirse en una condición antropológica.
La geografía del encarecimiento
Los datos de Cedice revelan además una dimensión territorial que merece atención. Valencia resultó ser en abril la ciudad más cara del país, con una cesta que alcanzó los 1.692,64 dólares; Maracaibo le siguió con 1.649,59; y Caracas, paradójicamente, fue la más asequible de las tres, con 1.506,21 dólares. La capital, que concentra la mayor parte del gasto público y la actividad institucional, muestra precios relativamente menores que el interior. Es una inversión de la lógica habitual — las ciudades del interior, históricamente más baratas, hoy superan a la capital — que refleja los desequilibrios profundos en la distribución de la actividad económica, la disponibilidad de divisas y la competencia comercial entre regiones.
Por rubros, el encarecimiento tampoco fue homogéneo. Perfumería y cuidado personal lideró el incremento con más de 22 % en dólares; alimentos subió 16,3 %; transporte, 13 %; servicios, 12,37 %. Ningún rubro quedó a salvo. Esa es quizás la dimensión más reveladora del informe: no se trata de una inflación sectorial que pueda esquivarse con ajustes en el consumo. Se trata de un encarecimiento generalizado que no deja resquicio.
Lo que los números no dicen
Las estadísticas tienen el defecto de su precisión: miden magnitudes pero no capturan experiencias. Detrás del 13,61 % mensual hay una madre que redujo la proteína de la dieta familiar a dos días por semana. Hay un trabajador que camina cuarenta minutos porque el pasaje representa ahora una proporción insoportable de su ingreso diario. Hay un anciano que divide la pastilla en dos porque el medicamento subió y la pensión no. Hay decisiones que no deberían ser decisiones — comer o transportarse, medicarse o vestirse — que se han normalizado hasta el punto de que ya no escandaliza tomarlas.
Esta es la dimensión más grave del proceso que documentan las cifras: no el empobrecimiento como dato macroeconómico, sino el empobrecimiento como reconfiguración de lo que se considera posible, tolerable, normal. Una sociedad que ha aprendido a vivir con menos no porque haya optado por la austeridad como virtud, sino porque la precariedad se ha sedimentado como paisaje.
Lo que cabe exigir
Frente a esta realidad, la respuesta institucional no puede seguir siendo el silencio estadístico ni la celebración de indicadores macroeconómicos que no se traducen en bienestar tangible para la mayoría. Lo que la ciudadanía tiene derecho a exigir no es una promesa — el país está exhausto de promesas — sino mecanismos concretos y verificables de protección del ingreso real: sistemas de transferencias transparentes y suficientes, contratación colectiva efectiva en los sectores donde aún existe capacidad negociadora, y una política de precios que no recaiga exclusivamente sobre el bolsillo del consumidor mientras los márgenes de intermediación permanecen intocados.
La cesta básica no es solo un indicador económico. Es el termómetro de la dignidad. Y en abril de 2026, ese termómetro marca fiebre.
